El Proyecto de Ley de tierras enviado por la Presidenta de la Nación l al Congreso tiene particular importancia en estos momentos de profunda crisis mundial en la que los capitales extranjeros desarrollan estrategias defensivas y buscan refugios en países con estabilidad y crecimiento como Argentina, que además tiene grandes extensiones de tierras y recursos naturales especialmente aptos para la producción de riqueza.
Pero esta situación coyuntural no es la única que justifica la sanción de una ley que limite el dominio de la tierra a empresas y personas físicas extranjeras.
Ello es así porque desde el año 1976 Argentina viene sufriendo un proceso de concentración y extranjerización de las tierras rurales que se intensificó durante la década de los 90, que se tradujo en una expulsión de los pequeños y medianos productores de sus unidades de producción, es decir de sus fuentes de trabajo. Interesa resaltar que este lamentable proceso tuvo a nuestra provincia entre sus principales perjudicadas.
El proyecto del Poder Ejecutivo se enmarca en un modelo de país nacional y popular que involucra soberanía económica e inclusión social. Además de poner límites y condiciones a la transferencia dominial de tierras a extranjeros crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que permitirá determinar la propiedad y estado de ocupación de las tierras en nuestro país. Es interesante resaltar el rol que este proyecto otorga a las provincias en la determinación de la superficie de las unidades productivas así como en la conformación de la Autoridad de Aplicación de la Ley, al integrar con sus representantes el organismo que se propone crear al efecto.
El proyecto importa una defensa de los intereses nacionales especialmente en un mundo donde la energía, el agua y los alimentos son productos escasos y nuestro país tiene la ventaja de contar con ellos superlativamente.
La conducta de los legisladores de la oposición en el Congreso Nacional al impedir con maniobras dilatorias el tratamiento de este instrumento legal de defensa de la soberanía económica y de un recurso estratégico no renovable como el de la tierra, va en directo desmedro de los intereses del país, mezquinos intereses electorales permiten que se siga dilapidando la riqueza de la Argentina.
Esto demuestra la falacia de la oposición cuando afirma que “para “afianzar la democracia el Poder Legislativo debe ser de signo político opuesto al Poder Ejecutivo”.
Lo que se obtiene con un legislativo dominado por la oposición es, precisamente, esto, IMPEDIR la sanción de leyes que permitan llevar adelante el proyecto elegido por la mayoría del pueblo.
Además, oportuno resulta destacar LA MENTIRA de la oposición cuando afirma que el oficialismo tendrá quórum propio, debe tenerse presente que los únicos parlamentarios que se renuevan son los elegidos en el año 2007 y quedan aun sin renovación los que asumieron en el 2.009.
Los legisladores de la oposición no cumplen su tarea legislativa, limitándose a impedir el tratamiento de los proyectos de leyes que envía la presidenta; se arrogan en cambio, facultades judiciales citando a declarar a Schocklender, que está bajo secreto de sumario judicial, empeñados en armar un “circo político”, logrando solo exhibir impúdicamente los intereses a los que responden.
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