El otro país, el de aquellos de la patria ganadera, agro exportadora, el del pensamiento liberal-conservador, el del histórico poder económico de personajes de “casta” y terratenientes, el del enemigo con olor a pueblo, el de un país para unos pocos privilegiados; todos ellos, acometen siempre contra un peligro temido, es decir, contra toda forma cultural que surja en el proceso de vida de un pueblo unido con espíritu de justicia y libertario. A partir de aquí, se teje la trama de una estrategia de destrucción de esas nuevas formas de movimientos culturales emergentes, acudiendo a metodologías hábiles a los efectos, contra las referencias objetivas y subjetivas de esas expresiones, y si es posible también, penetrar las profundidades del enraizamiento de esa proliferación cultural para poder sesgarla. Estas acometidas se realizaron históricamente en nuestro país, sin barreras morales ni humanitarias, por todos los medios posibles. Esto ocurrió durante muchas décadas, nuestra historia lo muestra, siempre con el trabajo de opresión para impedir avances y logros populares, con manipulación de las realidades, la represión y destitución de un Estado que ampare las solicitudes y demandas de un pueblo y su cultura que brega por sus libertades y derechos correspondientes.
Siempre en parámetros de vencedores, fueron escribiendo su propia historia y a su medida, con la que nos alimentaron en nuestras aulas, en nuestros libros, o con la prolija editorialista de la publicación “mitrista”, con el golpeteo sistemático en la comunicación de crónicas de contenidos de contracultura popular. Ante cualquier expresión cultural colectiva, surgida del propio pueblo y su sistema de gobierno que entorpeciera sus intereses y chocara sus principios ideológicos, no hubo empacho en aplastarla a cualquier precio. Sabemos que incluyeron hasta el genocidio, cuando el despertar de un pueblo pusiera en peligro latente sus intereses a través de la politización del pensamiento colectivo; que pudiera hacer abdicar sus fortalezas de casta, aspectos económicos y demás intereses de sector. Cuando se politiza una corriente cultural, se potencia y adquiere volumen, es cuando lo más probable que pueda surgir un emergente conductor de esta masa, tal como ocurrió, por ejemplo, con la aparición del Coronel Perón en la escena nacional.
Es en esos momentos, cuando los valores oligárquicos pueden quedar expuestos, criticados y condicionados por esa masa pueblo conducida; y sus intereses y privilegios entonces quedarían amenazados bajo cambios estructurales proclives a reformas y hasta revolucionarios.
La última dictadura, llamada militar, pero que en realidad fue cívica-militar, por cuanto éstos últimos asociando su “casta” a los sectores oligárquicos desde siempre, fueron el elemento armado de la fuerza bruta basada en el poder de las armas para someter al propio pueblo que amenaza sus intereses; pueblo al cual deben defender por cuanto él mismo, además, los alimenta y sostiene sencillamente porque son parte de un todo en los habitantes de la Nación.
Pero en estos días, acaba de surgir con mucha evidencia un factor de poder de esas épocas que pasaba casi desapercibido en lo que al desarrollo de su actividad tuvo que ver. Me estoy refiriendo concretamente al Poder Judicial de la Nación. No en su conjunto, pero sí en una amplia gama de pensamiento generalizado y compacto entre muchos de sus integrantes, que responden corporativamente a las cualidades de los que al principio describimos. Una verdadera “ala” casta conservadora y reaccionaria en el único poder no elegido democráticamente, pero a la vez inserto en el sistema; que desplegó ávidamente sus conductas junto a militares, como ser en la última dictadura cívico-militar.
En estos días nos encontramos conque el Consejo de la Magistratura investiga el papel que jugaron estos jueces de la Nación durante la dictadura cívico-militar. Ante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas ingresaron en los últimos tiempos una veintena de pedidos de investigación, relacionados con la represión ilegal, las torturas seguidas de muerte incluso, desapariciones forzadas… delitos de lesa humanidad. Sí, los magistrados judiciales fueron también cómplices de las atrocidades de la feroz represión. Por eso, en estos días el Consejo de la Magistratura acaba de formar una comisión investigadora para determinar qué papel jugaban estos jueces en ese período oscuro de nuestra historia. Hay en estos momentos un sinnúmero de pedidos de juicios políticos por todo el país; y está quedando expuesto también que muchos de estos jueces son hoy en día camaristas en el ejercicio de sus funciones.
No es difícil darnos cuenta y apreciar lo que se puede llamar “la cara civil” de la dictadura; aunque de esto, no zafan otros, como don Alfredo Martínez de Hoz & Cia. y sus directrices ideológicas de los principios que propician.
Sabido es que a la investigación y enjuiciamiento de estos señores, tan represores como cualquier militar de época, pero con otras armas, es lamentablemente lenta por la resistencia corporativa del sector. Que incluso tiene personajes de estas características insertos en el propio Consejo de la Magistratura.
Pero de alguna manera, esta vez, el pueblo argentino reclama justicia y verdad queriendo ver qué hacían sus Señorías cuando recibían hábeas corpus, ante torturados, ante desapariciones forzadas, ante aberraciones humanas que presenciaban y actuaban. Pero la pregunta del millón surge en ¿Cómo responderían en la actualidad estos mismos señores si les tocara juzgar esos hechos a los que ellos mismos protagonizaban como magistrados? Es decir, que si hoy tenemos a la vista varios casos de enjuiciamientos, varios nombres de jueces cuestionados, notas periodísticas, diarios, noticieros que hablan permanentemente de juicios a represores, y éstos ante los estrados judiciales … pero, los que ocupan estos estrados, camaristas y de primeras instancias …¿Cuántos tienen que estar en el banquillo de acusados?
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